El “embarazo infantil forzado” ocurre cuando una niña (menor de 14 años) queda embarazada sin haberlo buscado o deseado, y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. 

El mismo, puede ser producto de una violación sexual o provenir de una relación sexual consensuada, en la que la niña no conocía las consecuencias o conociéndolas no pudo prevenirlas. Es el caso de niñas que no han tenido educación sexual o, habiéndola tenido, no pudieron acceder a métodos de prevención de los embarazos y de anticoncepción de emergencia (CLADEM, 2016).

Los embarazos infantiles forzados son producto de un entretejido de factores entre los que se destacan:

• la pobreza,
• las uniones tempranas aceptadas por familias y comunidades,
• la falta de escolaridad,
• la violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o el entorno cercano y
• la falta de acceso a educación sexual y servicios de salud accesibles y amigables 

(UNFPA, 2013; PLAN-UNICEF, 2014; Planned Parenthood,s.f.; CLADEM, 2016; UNICEF, 2017).

También existen situaciones, las menos, donde se ha establecido un vínculo entre dos menores de edad y por la falta de información y de acceso a métodos anticonceptivos, se produce un embarazo no buscado ni deseado.

La situación es particularmente compleja cuando el abuso ocurre en el seno intrafamiliar, atendiendo a las consecuencias psicológicas que sufre la niña, y en especial porque justamente las personas que debían protegerla, fueron responsables o cómplices del abuso, o la acusan por denunciarlo (CLADEM, 2016).

En estos casos, las consecuencias emocionales pueden incluir:

• estrés postraumático,
• depresión e
• ideas suicidas

(Planned Parenthood, s/f;  Jejeebhoy y Bott, 2003).