En un Estado de Derecho la ley determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no, establece las condiciones y los límites de la acción legítima de todos los componentes del Estado.

Así, nadie puede hacer nada que no permita la ley: ni los ciudadanos ni ninguna de las instituciones que los gobiernan.

El presidente del gobierno, los ministros, las intendencias, las juntas locales, el parlamento, los jueces..., todos deben cumplir la ley sin excepción.

Y si no lo hacen, deben responder de ello ante la autoridad judicial (que, como todas las demás instituciones del Estado, se halla también sometida a la ley).

Por todo ello, es frecuente referirse al Estado de Derecho como a un "imperio de la ley".