En noviembre de 2002, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirmó que el acceso a cantidades suficientes de agua potable para uso personal y doméstico era un derecho humano fundamental de todas las personas. 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.