Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, deben realizar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que amenace su supervivencia, así como investigar y sancionar efectivamente los hechos de privación de la vida.
Las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes con su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a NO ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni a ser utilizados en conflictos armados o violentos.